TSJ había eliminado ente que revisó elección de altos jueces


Aunque la creación de una comisión especial para investigación y estudio no tienen, en principio, limitaciones materiales (salvo las derivadas, entre otras, de los principios de autonomía de los Poderes Públicos y sujeción del poder al Texto Fundamental); cuando su objetivo es claramente inconstitucional y/o ilegal, al pretender revisar designaciones de altos funcionarios de otro Poder, al margen del control que le asigna la Constitución a la Asamblea Nacional y del régimen previsto para su remoción o destitución, ella y cualquier decisión o recomendación que aquélla o cualquier comisión realice es absolutamente nula y, en consecuencia, inexistente, así como cualquier decisión en la materia por parte de la Asamblea Nacional, todo ello con base en los artículos 7, 137, 138 y 139 de la Carta Magna .

La argumentación anterior corresponde a la sentencia dictada el 1 de marzo de este año, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a propósito de que en aquellos días se designó la comisión que revisaría la elección de los 13 magistrados del máxuimo juzgado, el 23 de diciembre del 2015, en la anterior AN.

A pesar de la sentencia, desde la directiva del Parlamento informaron que no acataremos decisiones inconstitucionales y sobre esa base, la instancia parlamentaria siguió revisando los detalles de la designación de los magistrados y el pasado jueves, la plenaria aprobó el informe que recomendaba anular ese proceso y convocar a uno nuevo.

En la sentencia de marzo se señala que la AN participa en los procesos complejos e interinstitucionales de designación y remoción de magistrados y magistradas de este Máximo Tribunal, conforme lo pautan los artículos 264 y 265 Constitucional; en lo que a ello respecta, allí culmina su rol en el equilibrio entre Poderes Públicos para viabilizar la función del Estado.

Crear una atribución distinta, como sería la revisión ad infinitum y nueva decisión sobre decisiones asumidas en los procesos anteriores de selección y designación de magistrados y magistradas, incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental que, siguiendo las más elementales pautas morales, no subordina la composición del Máximo Tribunal al cambio en la correlación de las fuerzas político-partidistas a lo interno del Legislativo Nacional .

Y aclaran que para la remoción de cualquier magistrado solo podrá hacerse por la AN mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en casos de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano .

Fuente: Notitarde

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

En vivo

Pages