TSJ otorga “validez y vigencia” al Decreto de Emergencia Económica


 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este jueves con “validez” y “vigencia” el decreto de emergencia económica que lanzó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a principios de año, y que fue desaprobado por la Asamblea Nacional (AN).
Asimismo, el TSJ ordenó que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, sea “citado mediante oficio” ante el Poder Judicial, y notificar  la decisión a la Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo.
En la decisión, publicada en la página web del TSJ, se declara que el decreto 2.184, publicado en la Gaceta Oficial del 14 de enero de 2016 que declaró el Estado de Emergencia Económica “entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantienen irrevocablemente incólumes”.
En su decisión, la Sala Constitucional refiere que el pasado 3 de febrero una decena de representantes de consejos comunales, tales como “San Antonio de Galipán”, “Pérez Bonalde¨ y el “Árbol de las tres raíces”, así como habitantes de Fuerte Tiuna y de la Comuna Socialista Guaicamacuto, interpusieron un “Recurso de interpretación de naturaleza constitucional” de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que sustentan el Decreto de Emergencia Económica.
La nota de prensa emitida en la página web del TSJ señala que “la sentencia, en ponencia conjunta de las magistradas y los magistrados que componen la Sala Constitucional, estableció que el aludido Decreto entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Carta Magna”.
Adicionalmente, el fallo expresó que “el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran Estados de Excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional de los mismos; y precisamente respecto del proceso de consideración del Decreto N° 2.184 por parte de la Asamblea Nacional, se señaló que por notoriedad comunicacional se conoció que no fue cumplido el artículo 27, párrafo primero, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, referido al lapso de consideración en sesión especial; circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016”.
En efecto, aclaró la decisión, que el lapso máximo para la consideración del Poder Legislativo es de ocho días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto -según el artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero siempre dentro de los ocho días, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
La Sala Constitucional concluyó que “la Asamblea Nacional no cumplió oportunamente y, en fin, dentro de los límites constitucionales y legales, con el control político del referido decreto”, al igual que reiteró que se realizó el control jurisdiccional del Decreto N° 2.184 dentro del lapso contemplado en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”. 
Fuente: Notitarde

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